El costo del silencio: la extorsión como crimen cotidiano en el Perú

The cost of silence: extortion as an everyday crime in Peru

O preço do silêncio: a extorsão como crime cotidiano no Peru.

 

 

Raúl Martín Vidal Coronado

vidalcoronado@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8097-9092

Universidad Ricardo Palma, Lima - Perú

 

Recibido: 10 de octubre de 2025

Aceptado: 30 de diciembre de 2025

 

RESUMEN

Este estudio tiene el objetivo de analizar la extorsión en el Perú como un fenómeno criminal que afecta gravemente a la sociedad. La metodología se basó en una revisión documental de estudios académicos, tesis e informes institucionales recientes sobre sus modalidades, causas y efectos. Los resultados indican que la extorsión es un sistema delictivo consolidado, alimentado por la precariedad económica, la corrupción y el crecimiento urbano descontrolado. Se concluye que sus impactos generan violencia, regresión económica y fragmentación social.

Palabras claves: extorsión, crimen organizado, delito, violencia, seguridad ciudadana.

 

ABSTRACT

This study examines extortion in Peru as a criminal phenomenon that severely impacts society. The methodology is based on a documentary review of recent academic studies, theses, and institutional reports addressing its modalities, causes, and effects. The findings indicate that extortion constitutes a consolidated criminal system driven by economic precariousness, institutional corruption, and uncontrolled urban growth. The study concludes that its impacts generate heightened violence, economic regression, and social fragmentation.

Keywords: extortion, organized crime, offense, violence, citizen security.

 

1. INTRODUCCIÓN

La extorsión se ha convertido en uno de los problemas más graves y extendidos en el Perú, afectando tanto a ciudadanos comunes como a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas. Este delito genera miedo, limita la libertad de las personas y provoca que muchos negocios cierran o trabajen bajo amenazas constantes, frena la inversión y deteriora la calidad de vida en diversas regiones del país.

En México, la extorsión aparece como una práctica muy extendida contra negocios y comerciantes, con patrones de victimización concentrada y factores que explican por qué algunas empresas son víctimas reiteradas o ceden ante las exigencias. Estévez (2021) afirma que: “Junto con el homicidio y el secuestro, la extorsión se considera uno de los delitos más dañinos que asedian a la población mexicana, aunque la extorsión es mucho más común”.

De manera similar, en Honduras, la extorsión, frecuentemente ligada a pandillas urbanas, se ha consolidado como un problema que profundiza la pobreza y empuja a medidas extraordinarias por parte del Estado. En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2023) dice sobre el delito de extorsión: “En Honduras 2022 se reporta que las denuncias de extorsión se incrementaron en 153 % respecto al 2021, marcando uno de los niveles más altos de la década”.

Más países en Sudamérica también se ven afectados por este delito. En el caso de Colombia, Ochoa-Díaz y Páramo (2021) explican que la extorsión: “Es un delito pluriofensivo que afecta principalmente el patrimonio económico, como bien jurídicamente tutelado, en tanto impacta también la autonomía personal, toda vez que el constreñimiento busca doblegar la voluntad de la víctima”.

En el Perú, la violencia y la inseguridad se entrelazan con la economía informal, resulta crucial partir de datos oficiales que evidencian la magnitud del fenómeno. El MINJUSDH (2025) advierte que: “La extorsión se mantiene como un flagelo persistente en el Perú, con un número creciente de denuncias y un abanico amplio de modalidades delictivas”. Esta realidad revela que la extorsión no es una circunstancia aislada, sino un problema estructural que desestabiliza la seguridad ciudadana, frena el desarrollo económico y socava la confianza en las instituciones.

Para comprender la gravedad del impacto de este delito en la ciudadanía, Tantalean (2025) explica que: “La extorsión configura la vida laboral y social, afectando a comerciantes invisibles y revelando la fragilidad del control estatal.” Esta afirmación evidencia que la extorsión no solo es un problema delictivo, sino un fenómeno que altera profundamente la estructura social del país.

La afectación económica de la extorsión es especialmente evidente en el sector empresarial. El Instituto Peruano de Economía (IPE) (2025) explica: “Se estima que los pequeños negocios en Lima Metropolitana pierden casi medio millón de soles diarios debido a extorsiones, robos y amenazas.” Esta cifra demuestra que la inseguridad no solo genera miedo, sino que también erosiona de manera directa la estabilidad financiera de miles de emprendedores.

El trabajo tiene como objetivo analizar la extorsión como un fenómeno delictivo que afecta gravemente a la sociedad peruana, identificando sus principales modalidades, causas estructurales y consecuencias sociales, económicas y psicológicas, con el propósito de comprender su impacto en la seguridad ciudadana y reflexionar sobre la necesidad de estrategias integrales para su prevención y control.

2. MARCO TEÓRICO: LA EXTORSIÓN

Conceptos

En el contexto peruano, donde la criminalidad organizada ha incrementado su presencia territorial y los comercios formales e informales enfrentan amenazas constantes que limitan su actividad económica. Castillo-Chinchay (2024) advierte sobre la magnitud del problema, señalando que: “El crimen organizado en la forma de extorsión ha emergido como una amenaza latente tanto para la seguridad ciudadana y el desarrollo económico.” Este planteamiento evidencia que la extorsión no solo vulnera la integridad de las personas, sino que deteriora la capacidad productiva y socava las bases económicas sobre las que dependen miles de familias. En un país donde abunda la impunidad y debilidad institucional, la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y donde la respuesta estatal es determinante para frenar el avance del delito, resulta fundamental comprender las barreras que impiden un sistema de justicia eficaz, razón por la cual Ore-Quispe (2025) afirma que “el marco legal en los delitos de extorsión y sicariato no se cumple por las deficiencias institucionales de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.” Esta observación demuestra que, sin fortalecer a las instituciones encargadas de investigar, prevenir y sancionar, la extorsión seguirá expandiéndose y operando con altos niveles de impunidad.

Por su parte, Reyes-Vega (2025) sostiene que “la perpetración del delito de extorsión en Lima … ha alcanzado un nivel de extensión que compromete seriamente la seguridad ciudadana, presentándose como un síntoma de debilidad institucional y desarticulación social.” Esta conclusión revela que la extorsión no solo es un delito individual, sino un fenómeno estructural que fragmenta el tejido social y amenaza la gobernabilidad.

Tipos

Los tipos de extorsión expuestos en el presente son: “el escopetazo”, “chalequeo” y cobro de cupos.

“El escopetazo”

En el análisis de las modalidades de extorsión que operan actualmente en el Perú, resulta especialmente revelador comprender cómo funcionan los mecanismos iniciales de contacto que utilizan las bandas delictivas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2025) describe que: “el escopetazo se funda en el envío masivo de mensajes genéricos que buscan captar a víctimas susceptibles a responder por temor o desinformación.” Esta descripción permite entender que la lógica de esta modalidad no se sostiene en la vigilancia previa o en información detallada sobre la víctima, sino en un método de alcance amplio que explota la vulnerabilidad emocional y la reacción inmediata de quienes reciben la amenaza. Una variante de este delito se realiza de manera virtual.

Según investigadores, la extorsión ha evolucionado con las nuevas tecnologías, identificando modalidades digitales, lo que puede ayudar a contextualizar cómo métodos masivos de contacto (como el “escopetazo”) se transforman o amplían mediante información y telecomunicaciones modernas (Palomino Firma, 2025). También se analiza las consecuencias de la extorsión en seguridad ciudadana y puede ofrecer contexto sobre cómo las distintas modalidades de extorsión (incluyendo aquellas que emplean amenazas masivas, acoso o presión continua) afectan a comunidades vulnerables, lo que indirectamente valida la presencia de técnicas como el “escopetazo” (Cajamarca & Suarez, 2025).

“Chalequeo”

El chalequeo es una de las diversas modalidades extorsivas que afectan a comerciantes y trabajadores. Se comprende como un supuesto servicio de seguridad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2025) describe que: “los extorsionadores establecen contacto con las víctimas para imponer la obligatoriedad de tomar sus ‘servicios de resguardo o seguridad’ a cambio de un pago.” Esta explicación muestra que no solo se ampara en la amenaza directa, sino también en una lógica de control territorial que obliga a las víctimas a financiar, bajo coerción, una protección ficticia que perpetúa la dependencia y el dominio criminal.

La amenaza se dirige a la integridad personal y se solicita un pago para no atentar contra la integridad de la víctima y, a su vez, brindarle protección frente a una posible organización rival (Palomino Firma, 2025).  Se busca consolidar el control territorial dentro del chalequeo, distintos estudios han demostrado que este mecanismo se sostiene en prácticas de intimidación visibles y constantes. Como señalan Giammpol-Taboada (2025): “Para la ejecución del delito de extorsión en la modalidad de ‘chalequeo’ es frecuente el uso de marcas, señales y códigos identificatorios… exigiendo un pago periódico a cambio de protección compulsiva”, lo que evidencia que la extorsión no solo busca obtener recursos económicos, sino también perpetuar una presencia que mantiene sometidas a las víctimas.

Cobro de cupos

Es de las modalidades extorsivas que mayor presencia tienen en el país. Junto con el escopetazo, el cobro de cupos es la palanca a favor del control territorial y en la presión económica directa hacia comerciantes y emprendedores. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2025) lo evidencia cuando describe que: “requieren un porcentaje de los ingresos de la actividad comercial a cambio de que el comerciante pueda seguir sus actividades con tranquilidad.” Esta afirmación permite entender que el cobro de cupos no solo constituye una práctica de amenaza continua, sino también un mecanismo de dominación que impone reglas paralelas al funcionamiento económico legítimo dentro de las zonas donde operan estas organizaciones.

Para Huillca (2024), “la extorsión mediante cobro de cupos causó daños significativos tanto a nivel personal como patrimonial de las víctimas.” Su estudio muestra cómo el “cobro de cupos” afecta directamente el bienestar personal de comerciantes y emprendedores, obligándolos a destinar sus ingresos o ahorros al pago de los cupos.

Giammpol-Taboada (2025) sustentan que “Los objetivos son los dueños de las principales empresas y comercios de la zona, sobre todo pequeños y medianos empresarios (bodegas, talleres mecánicos), así como transportistas, comerciantes de calzado y prendas de vestir o cualquier otra actividad que se desarrolle en la zona.” Esta caracterización demuestra que el cobro de cupos no es un fenómeno aleatorio, sino una estrategia sistemática orientada a mantener control económico y territorial mediante la presión directa sobre quienes sostienen el comercio local.

Causas

Las causas de este fenómeno son múltiples: la falta de oportunidades, la corrupción y el crecimiento urbano desordenado.

La falta de oportunidades

Los diversos factores estructurales que permiten comprender el avance de la criminalidad y, en particular, el crecimiento de la extorsión en el país, resulta indispensable considerar cómo ciertas condiciones socioeconómicas se combinan para generar contextos donde la alta vulnerabilidad es un catalizador importante para las bandas extorsivas; en ese sentido, según Silvestre et al. (2025): “La falta de oportunidades laborales y el limitado acceso a servicios básicos incrementan el atractivo de estas actividades, que suelen ofrecer ingresos inmediatos en contraste con el empleo formal”. Esta observación permite entender que la precariedad económica funciona como un terreno fértil para la captación de nuevos integrantes por parte de organizaciones delictivas.

Desde la perspectiva de Montero (2024), la extorsión también tiene una raíz psicológica derivada de la precariedad: “Desde hace dos décadas, la delincuencia, la corrupción, el desempleo, el problema de las drogas y la pobreza han sido identificadas como los conflictos más relevantes, y esto no es casualidad porque existe una gran relación entre ellas”. Esto confirma que la falta de oportunidades para salir adelante es un detonador para que jóvenes y personas que no puedan acceder a un trabajo digno opten por ser parte de la maquinaria de la extorsión.

Además, las limitadas oportunidades laborales, la precarización económica y la ausencia de alternativas formales empujan a ciertos sectores de la población hacia actividades ilícitas como mecanismo de subsistencia, por ello, Chananjan et al., (2025) señala que “como resultado, la criminalidad se convirtió en un negocio rentable, facilitando el auge del crimen organizado”. Esta afirmación permite comprender que, cuando grandes grupos de la población se ven excluidos del mercado laboral formal y de la integración económica, la extorsión emerge como una opción económicamente atractiva en comparación con la precariedad cotidiana, fortaleciendo así el crecimiento y la profesionalización de estructuras criminales que aprovechan estas brechas sociales.

La corrupción

Para explicar la persistencia y expansión de la criminalidad organizada en el país, es fundamental reconocer cómo ciertas fallas estructurales del Estado actúan como catalizadores que debilitan la capacidad institucional para enfrentar estas redes delictivas; en esta línea, Huarag (2020) declara: “La corrupción facilita la evasión de la ley y el sostenimiento de redes criminales a través del soborno de funcionarios o la colusión directa”. Esta afirmación evidencia que la corrupción no solo constituye un obstáculo operativo para las autoridades, sino que permite que las organizaciones criminales consoliden su influencia y mantengan un ciclo continuo de impunidad. El historial económico que trae consigo el crimen organizado también es relevante.

Chananjan et al. (2025) afirman que “el marco histórico descrito es relevante porque evidencia una característica predominante del crimen organizado: su fin lucrativo”. La corrupción institucional facilita la proliferación de la extorsión en el país, resulta indispensable reconocer que la colusión entre funcionarios públicos y redes criminales no solo obstaculiza la aplicación de políticas de seguridad, sino que también crea un entorno de impunidad que permite que estas organizaciones consoliden su influencia en territorios vulnerables.

Chananjan et al. (2025) explican que “esta situación debilita la capacidad del Estado para implementar políticas efectivas y favorece el arraigo de las estructuras criminales en la sociedad”. Esta reflexión evidencia que cuando las instituciones son permeadas por prácticas corruptas, se genera un vacío de autoridad que incrementa la capacidad operativa de las bandas extorsivas.

El crecimiento urbano desordenado

Las dinámicas sociales permiten comprender cómo ciertas comunidades vulnerables terminan vinculados directa o indirectamente con redes delictivas. Silvestre et al. (2025) señalan: “En estos espacios, las organizaciones criminales operan como proveedores de servicios y protección, ganándose la lealtad y el apoyo de comunidades que se sienten desamparadas por el Estado”. Este planteamiento evidencia que, cuando las instituciones públicas no satisfacen necesidades básicas ni garantizan seguridad, las organizaciones criminales logran fortalecer su influencia social, consolidando estructuras de poder que dificultan la intervención estatal y la recuperación del orden democrático.

Chananjan et al. (2025) afirman que “la violencia y la inseguridad generadas por estos grupos deterioran las condiciones de vida, sumiendo a muchas zonas en la pobreza y el desamparo”. Esta afirmación evidencia que el impacto de estos grupos criminales no se limita al daño inmediato que provocan en cada acto de violencia, sino que también desencadena un proceso sostenido de desinversión, retraimiento social y debilitamiento institucional, mediante el cual las comunidades afectadas quedan atrapadas en un círculo de precariedad que dificulta su desarrollo y profundiza las desigualdades territoriales. El crecimiento urbano desordenado en el Perú ha dado lugar a espacios vulnerables generan condiciones propicias para la expansión de grupos delictivos que encuentran allí un terreno fértil para establecer control social y económico.

Cajamarca y Suarez (2025) advierten que “la violencia y la inseguridad generadas por estos grupos deterioran las condiciones de vida, sumiendo a muchas zonas en la pobreza y el desamparo”. Esta observación permite comprender que la combinación entre urbanización caótica, falta de infraestructura adecuada y ausencia de políticas de ordenamiento urbano no solo incrementa la fragilidad social de estos territorios, sino que además perpetúa la reproducción de dinámicas delictivas que profundizan la desigualdad y obstaculizan la construcción de ciudades seguras y sostenibles.

Consecuencias

Las consecuencias en el Perú son diversas: incremento de la violencia, recesión económica y fragmentación social.

Incremento de la violencia

El aumento de la violencia es una consecuencia directa del avance de la criminalidad en el país. Silvestre et al. (2025) afirman que la violencia afecta a todos: los miembros del grupo, a los ciudadanos en general, quienes quedan expuestos a llevar una vida en escenarios de miedo y desconfianza. Este señalamiento evidencia cómo la violencia trasciende el ámbito delictivo y se convierte en un factor que deteriora la convivencia social y la percepción de seguridad. Este incremento de violencia se evidencia notablemente.

Valentín (2024) dice que el avance simultáneo de la extorsión y el sicariato genera un serio deterioro en la seguridad ciudadana, ya que altera la estabilidad emocional, económica y física no solo de las víctimas directas, sino también de la población que vive bajo la expectativa del riesgo. De este modo, se evidencia que la expansión de estas modalidades delictivas contribuye de manera decisiva al incremento de la violencia y a la sensación generalizada de vulnerabilidad en la sociedad.

Huillca (2024) señala que “las bandas utilizan tácticas de intimidación y violencia a nivel comunitario, lo que les facilita obtener información precisa sobre sus víctimas y ejecutar extorsiones de manera más directa y frecuente.” Esto evidencia cómo la violencia se vuelve un recurso central para fortalecer su control y aumentar la eficacia de sus acciones extorsivas.

Recesión económica

Desde un punto de vista económico, la extorsión tiene un considerable impacto desestabilizador. Según Silvestre et al. (2025), “esta desestabilización también se refleja en la reducción de oportunidades de empleo y en la creación de un entorno desfavorable para el crecimiento y la prosperidad”. Esta afirmación permite comprender que los efectos de la violencia producida por la extorsión limitan el desarrollo económico e inversión nacional e internacional.

Castilla (2023) sostiene que la inseguridad deja un costo muy lamentable y significativo: pérdidas de diversos materiales, de crecimiento, de oportunidades, de emprendimientos, cierres de puestos de trabajo, vida en zozobra. La extorsión no solo limita la dinámica económica local, sino que también frena el desarrollo productivo y la consolidación de nuevos emprendimientos en las zonas afectadas.

Otra perspectiva mostrada por Ore-Quispe (2024) sostiene que este fenómeno ha perjudicado gravemente la estabilidad financiera de las víctimas y ha evidenciado importantes debilidades en el sistema de justicia y en la seguridad ciudadana. De este modo, se observa que la regresión económica provocada por la extorsión no solo limita el desarrollo local, sino que también exige intervenciones públicas más sólidas para frenar su avance.

Fragmentación social

Otra consecuencia no tan notable de la extorsión es la fragmentación social. Silvestre et al. (2025) afirman que "esta fragmentación social impide el desarrollo comunitario y deteriora la calidad de vida de los residentes, creando un entorno en el que la cooperación y el progreso se ven comprometidos". No solo se evidencia que la extorsión genera temor individual, sino que destruye los vínculos comunitarios y obstaculiza cualquier posibilidad de organización colectiva, debilitando profundamente la estructura social de los territorios afectados. El clima de inseguridad generado por la extorsión modifica profundamente los comportamientos comunitarios.

Becerra Torres (2024) sustenta que la presencia constante de amenazas en zonas con alta actividad delictiva redujo la participación cotidiana de la población, pues el miedo a ser víctima de extorsión llevó tanto a familias como a comerciantes a restringir o alterar sus actividades habituales. La fractura en la sociedad también se evidencia en el perfil de quienes integran estas redes criminales, pues revela dinámicas de exclusión y vulnerabilidad.

Montero (2024) afirma que: “En el caso de los extorsionadores, la mayoría son hombres jóvenes con secundaria incompleta”. Este dato refleja cómo las brechas educativas y la falta de oportunidades fortalecen ciclos delictivos que profundizan la desarticulación comunitaria.

 

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este ensayo se basa en un análisis descriptivo y argumentativo que integra fuentes doctrinales, estadísticas y reportes institucionales para examinar la extorsión como fenómeno criminal en el Perú. El estudio estuvo basado en artículos de índole científica, tesis y sitios institucionales oficiales, tanto nacionales e internacionales. Para el proceso de investigación se consideraron fuentes recientes, específicamente aquellas emitidas desde el año 2020 en adelante, incluyendo una búsqueda ordenada de estudios recientes, la elección de informes relevantes, la organización de la información por temas y una síntesis crítica de las ideas principales.

Para el análisis nacional, se priorizaron estudios realizados por El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2025), El Instituto Peruano de Economía (IPE) (2025), Tantalean (2025), Castillo-Chinchay (2024), Ore-Quispe (2025), Reyes-Vega (2025), Palomino Firma (2025), Cajamarca & Suarez (2025), Chananjan et al., (2025) y Huarag (2020), gracias a que aportan evidencia y una visión sólida sobre el contexto peruano. Se analiza el concepto jurídico del delito, sus principales modalidades, las causas estructurales que posibilitan su expansión y las consecuencias sociales y psicológicas que genera en la población. Asimismo, el trabajo utiliza un enfoque cualitativo, sustentado en la revisión de autores especializados como Huillca (2024), Valentín (2024), Giammpol-Taboada (2025) y Ríos (2025).

Esta estrategia metodológica permite comprender la complejidad del fenómeno de la extorsión desde una perspectiva multidimensional que incluye aspectos legales, sociales y económicos, explicada por Becerra Torres (2024), Montero (2024), Silvestre et al. (2025) y Castilla (2023). Adicionalmente, se incluyen informes internacionales de Estévez (2021, México), Ochoa-Díaz y Páramo (2021, Colombia) y el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2023, Honduras), lo que facilita identificar similitudes en los desafíos observados en otros contextos internacionales. En general, las fuentes empleadas se caracterizan por su actualidad y relevancia, lo que posibilita una comprensión amplia de las repercusiones sociales, económicas y judiciales asociadas a la extorsión.

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados del análisis permiten identificar que la extorsión en el Perú constituye un delito altamente estructurado y en constante expansión, sostenido principalmente por redes del crimen organizado que operan mediante la intimidación y la coacción, tal como lo sostienen Valentín (2024), Silvestre et al. (2025) y Tantalean (2025).

Asimismo, se evidencia que sus modalidades (como el cobro de cupos, el cobro de cuotas, el chalequeo y la extorsión telefónica) se adaptan a distintos sectores económicos y contextos geográficos, lo que demuestra una notable capacidad de diversificación delictiva, tal como explican Huillca (2024), Giammpol-Taboada (2025), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2025), Palomino Firma (2025) y Cajamarca y Suárez (2025). Del mismo modo, se concluye que las causas del incremento de este delito están estrechamente vinculadas con el desempleo, la falta de oportunidades, la corrupción institucional y la normalización del miedo entre la población; factores que facilitan la impunidad y el control territorial de las organizaciones criminales, según lo señalado por Silvestre et al. (2025), Valentín (2024), Castilla (2023), Ore-Quispe (2024), Becerra Torres (2024) y Montero (2024).

En consecuencia, las repercusiones de la extorsión afectan no solo la estabilidad económica de las víctimas, sino también su bienestar emocional y su percepción de seguridad, lo que confirma que se trata de un fenómeno que deteriora profundamente la convivencia social y la confianza ciudadana en el Estado.

 

5. CONCLUSIONES

En conclusión, las modalidades de extorsión permiten reconocer que el “escopetazo”, el “chalequeo” y el cobro de cupos comparten una lógica común: todas buscan consolidar control territorial mediante la intimidación y la coerción, aunque empleen mecanismos distintos para lograrlo. Mientras el escopetazo se basa en amenazas masivas que explotan el temor inmediato de las víctimas, el chalequeo impone una supuesta protección obligatoria que perpetúa la dependencia frente a las bandas criminales. Por su parte, el cobro de cupos representa una de las prácticas más extendidas y perjudiciales, ya que establece un sistema de exacciones permanentes que afecta directamente la estabilidad económica de comerciantes y emprendedores. En conjunto, estas modalidades muestran que la extorsión en el Perú no solo opera como una actividad delictiva aislada, sino como una estructura organizada que regula, presiona y condiciona la vida cotidiana de las comunidades, afectando tanto su seguridad como su desarrollo económico y social.

Respecto a las causas de la extorsión en el Perú demuestra que este fenómeno no surge como un fenómeno aislado, sino que es el resultado de la interacción entre la falta de oportunidades, la corrupción institucional y el crecimiento urbano desordenado. La precariedad económica y la ausencia de alternativas laborales empujan a un gran sector de la población hacia actividades ilícitas, mientras que la corrupción debilita la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y favorece su expansión. A ello se suma la urbanización caótica, que genera espacios vulnerables donde las bandas delictivas pueden consolidar control social y económico ante la ausencia de presencia estatal efectiva. En conjunto, estos factores configuran un entorno que permite que la extorsión se mantenga, se adapte y siga creciendo, afectando gravemente la seguridad, el desarrollo y la cohesión social del país.

Finalmente, las consecuencias permiten reconocer que la extorsión no solo incrementa los niveles de violencia en el país, sino que también debilita la economía y fragmenta profundamente a la sociedad. La proliferación de amenazas, agresiones y tácticas de intimidación ha generado un clima permanente de miedo que afecta tanto a las víctimas directas como a la ciudadanía en general, deteriorando la convivencia y la percepción de seguridad. Asimismo, el impacto económico se manifiesta en la reducción de inversiones, el cierre de negocios y la pérdida de oportunidades laborales, lo que agrava la inestabilidad financiera de comunidades enteras. A ello se suma la creciente ruptura de la vida comunitaria: el temor constante limita la participación social, debilita los vínculos entre vecinos y consolida dinámicas de exclusión que facilitan el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales. En conjunto, estas consecuencias demuestran que la extorsión actúa como un fenómeno multidimensional que afecta profundamente el desarrollo social, económico y emocional de la población peruana.

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